De los videojuegos al cine: censura, corrupción y abuso de poder en las instituciones españolas

Quizá recuerden cuando en 2007 Amnistía Internacional España acuñó el término “Derechos Humanos Virtuales” con el objetivo de afirmar que en los videojuegos se estaban violando (puesto que muchos de ellos emplean la violencia virtual como una forma de superar obstáculos).  Desde este blog y algunos otros se denunció dicha expresión por lo que era: una forma de alarmar a la población no familiarizada con los videojuegos, insinuando que de alguna manera sprites, píxeles y personajes ficticios estaban protegidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Obviamente esto era tan absurdo como afirmar lo propio del cine o la literatura, y traería consigo preguntas igualmente irrisorias como por ejemplo si Lara Croft (Xbox 360) tendría derecho a votar en las elecciones generales.

Al principio pensé que todo esto se debía al hecho de que los videojuegos eran un medio joven y por tanto fácil de restringir o censurar, al menos en comparación con otros más antiguos y respetados. Sin embargo, recientemente encontré una noticia que me ha llevado a dudar de este planteamiento: la imputación de Ángel Sala, director del Festival de Sitges, por proyectar la película A Serbian film.

Esta obra contiene dos escenas bastante polémicas, pero en cualquier caso totalmente ficticias. Una de ellas es la violación de un bebé (donde se utilizó un muñeco). En otra, según el periódico El País, “se intuye la práctica de sexo con un menor”. En definitiva, no es lo que podríamos denominar una película snuff o crimen filmado. Esta cinta se proyectó en numerosos países, y aunque en la mayoría de ellos fue criticada por su horrible contenido, ninguno emprendió medidas legales contra quienes la exhibieron. Al fin y al cabo, se trataba de una obra de ficción.

Sin embargo, en España se ha utilizado el artículo 188.7 del Código Penal, destinado a luchar contra la pornografía infantil, para intentar censurar esta cinta. De hecho, se ha llegado mucho más lejos, pues la imputación trata a Ángel Sala como si fuera un criminal que ha cometido un delito de esta categoría por simplemente exhibir una película (que ni siquiera ha filmado él). Parece ser que no son los niños, sino los adultos, quienes tienen dificultades para distinguir entre la realidad y la ficción.

Hace años pensaba que estos paladines de la corrección política sólo se atreverían con los videojuegos. Sin embargo las recomendaciones del antiguo Ministerio de Igualdad sobre los cuentos tradicionales y la imputación Ángel Sala parecen indicar que nos encontramos ante un fenómeno mucho más amplio y peligroso.

En este artículo quería reflexionar sobre la relación que existe entre las instituciones y los individuos que las ocupan. Podría decirse que buena parte de las veces los responsables de las instituciones no utilizan éstas para servir a la sociedad, sino para servirse a sí mismos, como vimos en el caso de los eurodiputados que sólo acuden a las asambleas para cobrar su más que generoso salario y marcharse sin hacer su trabajo. Los abusos de poder tampoco son ajenos a las instituciones no estatales. En este sentido la censura del entretenimiento sólo ocupa una pequeña parte, pero es bastante ilustrativa de este fenómeno.

Pongamos por ejemplo a Amnistía Internacional España. Como mencionaba en un artículo anterior:

Amnistía Internacional (AI) es una organización que lucha por los derechos humanos en todo el mundo, y debido a su admirable labor es enormemente respetada. Lo curioso es que no me consta que jamás hayan criticado a los videojuegos, salvo en el caso de España. Los dirigentes de la sección española de Amnistía Internacional decidieron desde 1999 utilizar el nombre y prestigio de esta organización para sacar adelante sus agendas políticas y personales, aunque ello fuera en contra de los derechos humanos que en principio decían defender, como la libertad de expresión e ideas.

En resumen, si se obtiene un alto cargo en una institución respetable, ¿por qué no utilizar ese poder para imponer las propias ideas?

Por otra parte el Instituto de la Mujer, también en nombre de la igualdad y la protección de los menores, encargó un estudio mencionado bastantes veces en este blog que exigía la censura del sector. Una vez más se utilizaba el poder de una institución para poner en marcha las agendas ideológicas de varios profesores universitarios.

Ahora tenemos a un juez que ha imputado al organizador de un festival de cine por mostrar una obra de ficción, pese a que el resto del planeta vio la misma película y entendió que no violaba ningún derecho fundamental. Parece claro, por tanto, que se está utilizando el poder otorgado por la institución para intimidar a los cineastas españoles y promover su autocensura en el futuro, puesto que el peso de la ley podría caer sobre ellos. Y el juez no está sólo. Entre quienes han apoyado sus acciones se encuentran desde la ONG Protégeles hasta la Confederación Católica de Padres de Alumnos, pasando por el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona.

Uno no puede sino quedarse con la sensación de que en España nos gusta censurar, o al menos intentarlo. No importa si la ideología proviene de la moral tradicional propia de la derecha o de la corrección política defendida por la izquierda: todo el mundo quiere imponer sus ideas utilizando los medios que se encuentran a su alcance, incluyendo las instituciones en las que ocupan un cargo.

Pero el abuso de poder institucional no siempre tiene fines puramente ideológicos. De hecho, en muchas ocasiones la verdadera motivación es económica. Tomemos como ejemplo al feminismo institucional (el cual no ha de confundirse con otras ramas del feminismo que tienen todo mi respeto, ni con dicha ideología en general). Como ya he declarado muchas veces en este blog, la lucha contra el sexismo y la discriminación de género es un objetivo noble y respetable, pero como en muchos otros, no todo vale. Cuando creamos instituciones y cargos cuyas responsabilidades son relativamente abstractas, terminamos encontrándonos con propuestas como la creación de bibliotecas para mujeres (algo que sería justificable si las convencionales excluyeran libros de autoría femenina o al Estado le sobrara el dinero). Éstas y otras iniciativas no tienen tanto que ver con la lucha antisexista como con un intento de justificar el cargo desempeñado. Me recuerda un poco a aquellos espías soviéticos que informaban de ficticias amenazas porque o bien no tenían nada que decir o bien no habían cumplido con su trabajo y necesitaban fingir que lo hacían. El problema es que estos espías estuvieron a punto de crear verdaderas crisis de la nada, y algo parecido ocurre en este caso: se crispa a la población, muchas veces sin motivo alguno, cuando hay asuntos de género más importantes que atender. A buen seguro el desaparecido cheque-bebé (2.500 euros por hijo) podría ayudar a muchas más mujeres que la creación de estas bibliotecas.

La lucha antisexista es como un instrumento musical: si quien lo maneja sabe afinarlo y tocarlo como es debido, producirá una música exquisita. Es decir, servirá para eliminar las barreras que ambos sexos encuentran y relajar las expectativas sociales que sufre cada uno de ellos. Ahora bien, si le damos el mismo instrumento musical a un borrico, lo único que obtendremos será un sonido insufrible que irritará a todos los presentes y no servirá para nada.

Un ejemplo más claro lo podemos encontrar en mi comunidad autónoma. La consejera de igualdad de la Junta de Andalucía gastó 18.000 euros en una guía de 71 páginas que instaba a los medios de comunicación a utilizar un lenguaje alejado del androcentrismo. De ella se publicaron unos 3.000 ejemplares.

Independientemente de que nos guste o no su contenido, podemos estar de acuerdo en que gastar 18.000 euros, especialmente cuando consideramos la crisis económica en la que se encuentra el país, era innecesario. Tengamos también en cuenta que podría haberse utilizado la distribución digital para ahorrar los costes involucrados en la publicación de ejemplares, y sin embargo el documento no aparece en la red por ninguna parte.  Este tipo de iniciativas no se han instituido para servir a la sociedad o combatir el sexismo, sino para servir a quienes ostentan cargos institucionales y necesitan justificarlos, empleando el dinero de los contribuyentes en proyectos puramente simbólicos que no abordan temas de mayor seriedad para la igualdad de género. Una baja por paternidad obligatoria y de la misma duración que la madre, por ejemplo, alentaría la contratación de mujeres al suponer el mismo riesgo que contratar a un hombre, pero como contrapartida podría suponer una carga desmesurada para las pequeñas empresas. Como la respuesta a estos dilemas no es fácil, el feminismo institucional opta por ofrecer soluciones simbólicas que sirven igualmente para justificar puestos institucionales y subvenciones. A la luz de estos hechos me pregunto cuánto habrán costado estudios como La diferencia sexual en el análisis de los videojuegos, que contaba con cientos de páginas y la participación de 14 profesores universitarios.

Si bien es cierto que la corrupción y el abuso de poder han existido a lo largo de la historia, cabe destacar que la ideología en la que se escudaban ha ido adaptándose a las circunstancias históricas del momento. Dichas ideologías eran por lo general nobles, pero su justa causa se empleaba con el fin de repeler todo tipo de críticas hacia quienes se abanderaban con ellas para cometer todo tipo de despropósitos. Antaño pudo ser el cristianismo, hoy se trata de la protección de los menores, los derechos humanos o la igualdad de género. Todas ellas son dignas de elogio, salvo cuando se utilizan (siendo utilizar la palabra clave) para el propio beneficio económico o para censurar formas de expresión que no se ajustan a las ideas de quien ostenta el cargo institucional.

En definitiva, la cada vez mayor aceptación social que experimentan los videojuegos nos ha podido ofrecer la errónea impresión de que, al menos en España, se había ganado la última batalla contra la censura. Sin embargo, la imputación de Ángel Sala y el comportamiento de otras instituciones nos indican que, ya sea por motivos económicos o ideológicos, podría ser sólo el comienzo de otra guerra por nuestros bolsillos y libertades. La diferencia es que nuestro enemigo ya no enarbolará el blasón de la cruz, sino el de la corrección política y la protección de la infancia. Tengamos los ojos bien abiertos a lo que ocurre en otros medios, porque los videojuegos sólo parecen haber sido su primer objetivo.